Kicillof: "El miércoles veremos un verdadero escándalo jurídico: sin pruebas, sin delitos y con el único objetivo de ensuciar y perseguir a Cristina"

En ese marco, Kicillof resaltó: "Se está inaugurando un nuevo género que podríamos llamar derecho - ficción: se sacan dictámenes a pesar de que no hay pruebas, no hay delitos en los expedientes y, aún si los hubiera, la acusada no tuvo siquiera la posibilidad material de cometerlos debido a la función administrativa que desempeñaba". "El único motivo detrás de esto es impulsar una estrategia de disciplinamiento a través de un juicio falso y una condena ficticia que buscan ensuciar y perseguir políticamente a dirigentes del campo popular", añadió.

"Desde la provincia de Buenos Aires queremos dejar expreso nuestro repudio ante lo que va a ocurrir el miércoles, que será además un golpe muy fuerte para la credibilidad de nuestras instituciones", subrayó el Gobernador y remarcó: "Expresamos nuevamente nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con Cristina, víctima una vez más de un proceso de persecución judicial y mediática".

En ese sentido, Mena señaló: "La Cámara Federal de Casación Penal va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia, en el marco de un sistema de Justicia que perdió el rumbo hace tiempo". "Hace meses que diferentes medios de comunicación aseguran que se va a ratificar la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos", agregó.

"No hubo un solo testigo o perito que pudiera avalar la ridiculez de la causa denominada Vialidad, que estuvo siempre vinculada a los calendarios electorales porque lo que intenta es llevar adelante una estrategia de disciplinamiento", manifestó el Ministro e indicó: "En la provincia de Buenos Aires advertimos sobre la gravedad de lo que está ocurriendo producto de una mezcla inescrupulosa de medios concentrados, políticos y un sector pequeño pero poderoso de la Justicia".

Por otro lado, respecto del Canal Magdalena, Kicillof destacó que "un punto central es el reclamo al Gobierno nacional para que nos traspase la obra, ya que está claro que no tiene ningún interés en la soberanía y la infraestructura que promuevan la competitividad de nuestra provincia". "Lo vimos con lo que se ha conocido de forma subrepticia del nuevo contrato de concesión de la vía navegable troncal: no vamos a dejar pasar ese negociado y esa vergüenza que están llevando adelante y que perjudica a la provincia de Buenos Aires", añadió.

Sobre el contrato de la hidrovía, Bianco subrayó: "Ignora los tratados internacionales, se hizo sin consulta a las provincias, no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes y otorga mayor competitividad a ciertos puertos privados en detrimento de los públicos". "Continuamos pidiéndole al Gobierno nacional que ceda la jurisdicción del Canal Magdalena a la Provincia para poder avanzar con la obra: la misma brindará mayor eficiencia, generará recursos y permitirá recuperar la soberanía plena sobre nuestras aguas", sostuvo.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; de Ambiente, Daniela Vilar; los ministros de Economía, Pablo López; de Transporte; Jorge D'Onofrio; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y de Trabajo, Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Declaraciones de Axel Kicillof en conferencia de prensa sobre el juicio de la causa Vialidad

El miércoles se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa. Se sacan dictámenes judiciales sobre un delito que no sucedió, no tiene pruebas y se acusa a una persona que no podría haberlo cometido por la función administrativa que tenía. No hubo sobreprecios, no hubo obras sin terminar y Cristina nunca podría haber sido responsable aún si hubieran encontrado algo de esto que no encontraron. Es un caso de persecución político-judicial que busca la proscripción. Esta historia conocida es convalidada por un sector de la Justicia al que llamamos partido judicial porque tienen intereses y vinculaciones políticas.