Sujarchuk firmó un petitorio federal con más de 200 intendentes para pedir cambios en la política económica del Gobierno
El documento presentado ante el Ministerio de Economía exige reactivar la obra pública de Nación con los fondos recaudados por ley, frenar el recorte de recursos a provincias y municipios, y retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo ya que afecta a servicios esenciales y el desarrollo productivo.
El documento presentado ante el Ministerio de Economía exige reactivar la obra pública de Nación con los fondos recaudados por ley, frenar el recorte de recursos a provincias y municipios, y retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo ya que afecta a servicios esenciales y el desarrollo productivo
El intendente Ariel Sujarchuk participó de la firma de un petitorio junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y más de 200 intendentes, intendentas y referentes de todo el país, de distintos signos políticos, que culminó con la presentación del documento ante el Ministerio de Economía de la Nación. Allí se elevaron planteos al ministro de Economía, Luis Caputo para visibilizar el impacto de las recientes medidas económicas y promover soluciones concretas.
"El industricidio que está atravesando la Argentina en este momento afecta de manera clave el corazón de las economías municipales. No arreglan las rutas nacionales, a pesar de que cobran fortunas en el impuesto a la nafta, están desfinanciando al PAMI, no mandan vacunas del calendario, paralizaron toda la obra pública... ¿Y hablan de las tasas municipales, que implican menos del 3% de lo que se recauda en el país? A esto se suma el ahogo financiero que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires, junto a otras provincias, y la caída en la coparticipación. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. Lo que no puede pasar es que el ajuste recaiga esencialmente sobre los trabajadores, los jubilados, y el sector productivo", expresó Sujarchuk.
Puntos clave del reclamo
En el petitorio las autoridades advierten que el Gobierno Nacional no tiene estrategia para contener la suba de los combustibles. Según explica, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la nafta registró un incremento del 542,7%, muy por encima de la inflación acumulada del 292% y de la evolución de los salarios del sector privado, que crecieron un 288% en el mismo período. En lo que va de 2026, el aumento ya alcanza el 24% y se prevén nuevas subas a partir de mayo.
En cuanto a la obra pública, destacan que "el estado de la infraestructura nacional es de abandono" y reclaman la reactivación a partir de los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. En este sentido, advierten que desde diciembre de 2023 fueron paralizadas cerca de 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires y más de 2.000 a nivel nacional, en áreas clave como rutas, infraestructura hídrica, sanitaria, educativa y social. A su vez, se remarcó que en más de dos años no se construyó ningún kilómetro de nuevas rutas a nivel nacional.
El petitorio advierte sobre el recorte sostenido de fondos nacionales a provincias y municipios. Según datos oficiales, el gasto público primario se redujo en $67.000 millones de dólares desde el inicio de la gestión de Milei, impulsado principalmente por la caída de transferencias no automáticas, el ajuste en programas sociales y la disminución de la obra pública. En este marco, las transferencias a provincias pasaron de 1,11% del PBI en 2023 a 0,19% en el último año, con una fuerte caída real de $11,2 billones a $1,9 billones.
En relación a la provincia de Buenos Aires, las deudas de la Nación acumulan más de $23 billones, compuesto por deudas directas, interrupción de programas y obras públicas y la caída de la tributación propia y de coparticipación.
A la paralización de la obra pública y caídas de entre el 80% y el 100% en programas de infraestructura, se suma la suspensión de políticas territoriales, con un retroceso del Estado Nacional en áreas sociales, sanitarias, educativas y productivas, lo que implica una carga adicional en las gestiones de los municipios.









