Un funcionario judicial de San Isidro denunció vejaciones por parte de policías en Mar del Plata

Los voceros informaron a Télam que, a raíz de la denuncia realizada por el funcionario judicial, se inició una causa penal ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de Mar del Plata y un sumario administrativo en la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad provincial, donde se investiga el accionar de los agentes de la comisaría 9na. de esa ciudad balnearia del partido de General Pueyrredón.

El episodio ocurrió el pasado 30 de diciembre cuando un auxiliar letrado de una fiscalía de Ejecución del Departamento Judicial de San Isidro -quien pidió expresamente a Télam no dar a conocer su identidad- concurrió con un grupo de amigos al balneario "Porotofino", ubicado en la zona de Playa Grande.

Según consta en la denuncia, en un momento reclamó los elementos depositados en una caja fuerte del balneario y, al obtener una respuesta evasiva por parte de los prestadores del servicio, decidió llamar al 911 para alertar a la policía porque consideró que estaba frente a un posible robo.

Al llegar la policía, se inició una discusión con el funcionario porque les solicitó que se identicaran, por lo que los efectivos solicitaron refuerzos al creer que se encontraban "en presencia de barras bravas del club Alvarado" de Mar del Plata, ya que el auxiliar letrado vestía una remera de entrenamiento de ese equipo, se agrega en la denuncia.

Siempre según la versión del funcionario judicial, en unos pocos minutos, al menos cuatro oficiales de la comisaría 9na. se hicieron presentes en el lugar, lo redujeron, lo esposaron y los subieron en un patrullero para trasladarlo a la seccional.

"Fue ilegal la situación. Era una contravención, no para ser detenido. No pensé que en democracia esto podía pasar", aseguró el denunciante a Télam, y añadió que él "solo había pedido que los policías se identificaran".

"No me dijeron nada, solo vinieron y dijeron ´ponele los ganchos´, con la vergüenza absoluta que en plena Playa Grande me tenga que ir esposado", describió.

El denunciante indicó que al momento de ser aprehendido nadie le notificó el motivo y agregó que lo mantuvieron esposado adentro de un patrullero por un lapso de 30 minutos, sin ventilación, hasta ser trasladado a la seccional.

"Me amenazaban con que me podían dejar el tiempo que ellos quisieran. El oficial a cargo se burlaba todo el tiempo, me decía que acá no tengo derechos", manifestó la víctima, a quien, por su apellido, inicialmente los policías confundieron con un familiar de una mujer con antecedentes penales en Mar del Plata.

La víctima recordó que, al llegar a la comisaría 9na., se descompensó por la falta de ventilación, por lo que fue arrastrado por los efectivos hasta "un calabozo de un metro por un metro, todo orinado, semidesnudo, sin un vaso de agua ni la posibilidad de llamar a un abogado".

El funcionario judicial dijo en su denuncia que estuvo al menos cuatro horas aprehendido hasta que lo dejaron ir cuando una amiga abogada se presentó en la dependencia.

"Durante el tiempo que estuve en el calabozo me amenazaron, escupieron y me gritaban ´viste que acá no tenés ningún derecho´; ´sos un payaso´; ´las vas pagar´; ´abogado de cuarta, ni el secundario terminaste´", sostuvo en referencia a los policías.

Una vez fuera de la seccional, el letrado radicó la denuncia ante en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y solicitó una reunión con el ministro de la cartera, Sergio Berni.

El auditor Mariano Santana, a cargo de la Auditoria Sumarial 1, conformó el expediente interno en el que hasta el momento no se tomó ningún temperamento contra los efectivos, según indicaron las fuentes a Télam.

"Están interviniendo las áreas de Violencia Institucional de las Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, porque esto no puede volver a suceder", agregó el denunciante.

Voceros judiciales, en tanto, confirmaron que en la causa que instruye el fiscal Juan Pablo Londra ya se solicitó la geolocalización de los patrulleros que intervinieron en el hecho y las cámaras de seguridad de distintos ligares con el fin de identificar a los policías que actuaron, además del audio con la llamada al 911 del fiscal y el libro de guardia de la comisaría 9na.

"Para indagarlos debemos tener identificados a cada uno de los policías y sus roles", afirmó un investigador con acceso a la causa.

Según voceros de la fiscalía, durante el 2022 se recibieron aproximadamente 150 denuncias por apremios ilegales y en una de ellas fe procesado por torturas un exjefe policial.

"Viví un grado de violencia absoluta, las vejaciones fueron inhumanas, me trataron peor que a un perro. Fue un acto arbitrario y discriminatorio. Busco que los capaciten", aseveró el denunciante. Télam.