Actualizan el impuesto a los combustibles: cómo impactará en los precios de la nafta y el gasoil desde enero

A través del decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo definió nuevos montos para los gravámenes que pesan sobre los combustibles. Si bien la actualización estaba prevista en su totalidad, el Gobierno volvió a aplicar solo una parte del ajuste y postergó el resto para más adelante, en el marco de su estrategia fiscal.

La normativa modifica el esquema establecido previamente por el decreto 617/2025 y fija nuevos valores que comenzarán a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, inclusive.

De acuerdo con el texto oficial, los impuestos sobre los combustibles líquidos debían actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec. Sin embargo, el Ejecutivo optó nuevamente por una aplicación parcial del incremento, con el objetivo de moderar su impacto en la economía.

En el caso de la nafta sin plomo, tanto la de hasta como la de más de 92 RON, y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos aumentará $17,291 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se incrementará en $1,059 por litro.

Para el gasoil, la suba será de $14,390 por litro en el impuesto principal, a lo que se suma un aumento de $7,792 por litro correspondiente al tratamiento diferencial que rige para determinadas regiones, y $1,640 por litro en concepto de impuesto al carbono.

Regiones con esquema diferencial

El tratamiento diferencial del gasoil alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento de Malargüe, en Mendoza, tal como lo establece la ley 23.966.

Estos distritos cuentan con montos reducidos para compensar las mayores dificultades logísticas y de abastecimiento propias de la Patagonia y de zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la decisión al señalar que, "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", resulta necesario diferir parcialmente los incrementos pendientes. En la práctica, esto implica que solo se aplicará una parte del aumento total previsto, mientras que el resto quedará postergado para una etapa posterior.

A partir del 1° de enero, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán liquidar los impuestos con los nuevos valores definidos por la normativa, lo que se trasladará a los precios finales en surtidor.