El Gobierno reformula la SIDE por DNU y amplía sus facultades dentro del sistema de inteligencia

El presidente Javier Milei firmó un DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y redefine la estructura y atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La medida, según el Poder Ejecutivo, apunta a modernizar el sistema, adaptarlo a amenazas contemporáneas y fortalecer los controles, sin convertir a los organismos de inteligencia en fuerzas policiales.

El decreto, firmado el 31 de diciembre por el Presidente y todo el gabinete, reordena integralmente el sistema de inteligencia. La SIDE continúa como organismo rector, con mayor capacidad de coordinación y planificación estratégica, y con la facultad de requerir información a organismos del Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma "moderniza, ordena y legitima" el Sistema de Inteligencia Nacional, integrándolo plenamente al Estado y sometiéndolo a mayores controles legales, presupuestarios y técnicos.

Uno de los puntos centrales del DNU es la incorporación explícita del carácter reservado de las tareas de inteligencia. El nuevo artículo 2° bis establece que todas las actividades del sector revisten carácter encubierto, dada su sensibilidad y su impacto en el Riesgo Estratégico Nacional.

En ese marco, el decreto define con mayor precisión las funciones de contrainteligencia, que incluyen prevenir infiltraciones, espionaje, fuga de información clasificada, atentados contra el orden constitucional, sabotajes e injerencias externas que puedan afectar el proceso decisorio del sistema republicano.

Cambios en la estructura

La SIDE sigue siendo el eje del sistema, pero se reordenan y renombran varias dependencias clave:

• La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).
• La Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital.
• La División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

Además, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de planificar y supervisar políticas de protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos del Estado.

Nuevas facultades y coordinación

El decreto amplía las atribuciones de la SIDE, colocándola al frente de la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y habilitándola a coordinar con organismos nacionales y extranjeros, así como a intervenir en la lucha contra el terrorismo, el análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.

También se crean dos ámbitos de articulación:

• La Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a organismos de inteligencia y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
• La Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y entes con capacidad de generar información estratégica, como Migraciones, Aduanas y organismos del sector nuclear.

Ambas comunidades funcionarán bajo conducción de la SIDE, que establecerá los procedimientos para el suministro de información.

Aprehensión en casos específicos

Uno de los puntos más debatidos del DNU es el que prevé que el personal de inteligencia pueda aprehender personas únicamente en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Desde el Gobierno aclararon que esta atribución no convierte a la inteligencia en una fuerza policial, sino que busca ordenar situaciones excepcionales y garantizar la actuación coordinada del Estado.

El decreto también habilita a los organismos de inteligencia a proveerse sus propios sistemas de seguridad para proteger instalaciones, bienes y personal, y a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin superposición de funciones.

Por último, la norma establece la continuidad laboral del personal de los organismos reestructurados y fija el proceso de transición hasta completar la reorganización.

Según las autoridades nacionales, el objetivo final es mejorar la integración del sistema de inteligencia con los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminar duplicaciones y fortalecer la confianza ciudadana mediante mayores controles institucionales.