Tragedia en San Miguel: dos operarios murieron electrocutados mientras pintaban un poste de luz en Bella Vista y sus familias exigen justicia

Una tragedia sacudió al partido de San Miguel y generó profunda conmoción en la comunidad: dos trabajadores murieron electrocutados mientras realizaban tareas de mantenimiento urbano en la vía pública. El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de mayo en la intersección de Pilcomayo y Montevideo, en la localidad de Bella Vista, cuando Joaquín Ortega, de 19 años, y Roberto Mora, de 36, recibieron una descarga eléctrica fatal mientras pintaban un poste de luz.

Ambos se desempeñaban para una empresa privada que realizaba tareas tercerizadas para la Municipalidad de San Miguel. Sus familias denuncian que no contaban con ninguna medida básica de seguridad, y exigen justicia ante lo que definen como "un asesinato".

Sin protección ni seguros: los detalles de una muerte evitable

Según el testimonio del abogado querellante, Edgardo López, Roberto Mora se encontraba en el canasto de un elevador hidráulico con un bidón de nafta que utilizaba para diluir la pintura. La cercanía del combustible con un cable de media tensión habría provocado una violenta descarga eléctrica. Roberto murió calcinado en el lugar. Joaquín, que estaba a unos dos metros del vehículo, también fue alcanzado por la corriente y perdió la vida en el acto.

"El vehículo no tenía los elementos básicos de seguridad. No había cascos, guantes, botas de goma ni ropa adecuada. Ni siquiera contaban con la VTV o la autorización del colegio de ingenieros", denunció López. Otros dos operarios que estaban en el lugar, Cristian Cáceres y Jorge Ledesma, lograron sobrevivir.

Joaquín, un joven con toda una vida por delante

Joaquín Ortega había comenzado a trabajar seis meses antes, impulsado por su suegro, Aníbal Sidán, dueño de la empresa GEA Group, quien, según su familia, lo presionó para sumarse con la promesa de una mejor paga diaria. Ese sábado, a las 14:20, Joaquín le escribió un último mensaje a su madre, Noelia Ortega: "Mamá, ahora termino acá y paso por casa". Minutos después, su nuera la llamó para avisarle que su hijo había muerto.

"Esto no fue un accidente, fue un asesinato. Mi hijo no tenía que estar ahí sin protección, sin capacitación y con materiales precarios. Queremos justicia", expresó Noelia, completamente devastada.

Un celular desaparecido y un video clave en la causa

Tras el hecho, el celular de Joaquín desapareció. En él, según el abogado de la familia, había mensajes comprometedores entre el joven y Sidán. "Lo primero que hicieron fue sacarle el teléfono. En un video se ve al sobrino de Sidán saliendo del lugar con el celular en la mano", aseguró López.

La causa judicial, actualmente caratulada como "homicidio culposo agravado", podría ser recaratulada a "homicidio simple con dolo eventual". Hasta ahora hay dos sospechosos principales: Aníbal Sidán, suegro de Joaquín y responsable directo de la contratación, y Agustín Brondo, presunto socio y titular formal de la empresa.

La responsabilidad del municipio bajo la lupa

Otro eje clave de la investigación apunta a la Municipalidad de San Miguel, que habría adjudicado la licitación a GEA Group sin exigir seguros, elementos de seguridad ni documentación habilitante para operar. "Vamos a denunciar al intendente. El municipio aprobó la licitación de una empresa sin condiciones mínimas. Esto se pudo haber evitado", afirmó el letrado.

Amenazas e intimidaciones a la familia de Joaquín

En medio del dolor, la madre de Joaquín denunció haber recibido amenazas por redes sociales, presuntamente de allegados a Sidán. "Nos dicen que nos van a matar, que borremos todo. Recibí mensajes horribles por Facebook Messenger, cargados de odio e intimidación", relató Noelia.

Uno de esos mensajes decía: "Más vale que borren todo. Así no se pide justicia. Te juro que donde te veamos sos pollo, ya sabemos dónde es tu casa".

"Que paguen todos los culpables"

"Mi hijo tenía toda una vida por delante. No queremos que esto quede en la nada. Que la gente sepa lo que pasó. Queremos que paguen todos los culpables, desde los responsables directos hasta quienes los habilitaron a trabajar en esas condiciones", concluyó la madre.

El caso conmociona a San Miguel y promete tener fuertes repercusiones tanto judiciales como políticas en las próximas semanas.