Crimen en el Delta: dijeron que se había arrojado al agua pero los 5 terminaron presos por homicidio

Si bien trascendió hoy, la investigación por el asesinato de Juan Orlando Aguilar (40) se inició el 5 de este mes pero como una causa de "averiguación de ilícito", a raíz de un llamado al 911 al Destacamento Policial Camino Isleño de San Fernando.

Aguilar trabajaba junto a otros cinco albañiles en la refacción de una escuela y jardín de infantes de las islas, pero para evitar los traslados diarios, toda la cuadrilla de obreros vivía en una casilla ubicada en una isla cercana a la obra, sobre el canal Gobernador De la Serna, próximo a su intersección con el arroyo Durazno, en el muelle llamado "El Ceibo".

Hasta allí se trasladó personal policial y se entrevistó con uno de los trabajadores, Rolando Luis Cáceres (47), quien le contó a los efectivos que en horas de la madrugada su "primo", Aguilar, estando ebrio y deprimido había tenido una crisis, arrojó gasoil en la casilla con la supuestas intenciones de prenderla fuego, y luego de ello, se arrojó desde el muelle al río, donde lo perdieron de vista.

El primer fiscal que intervino, Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Correccional de San Fernando, ordenó la realización de rastrillajes por parte de personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y así fue como tres días más tarde, el 8 de octubre, se halló el cadáver de la Aguilar en el agua.

Ya el médico de policía que revisó el cadáver en el lugar, observó, pese al estado de putrefacción, que la víctima presentaba una lesión perforante y una fractura en el cráneo.

"Las claves de la investigación fueron la autopsia y el trabajo de Policía Científica en la escena del crimen", dijo hoy a Télam una fuente judicial.

Es que, por un lado, los médicos forenses determinaron que Aguilar había sido asesinado de un fuerte golpe en la cabeza "con un objeto duro, pesado y animado con velocidad", que tal como había dicho el médico policial, le fracturó el cráneo y le produjo desprendimiento óseo y pérdida de masa encefálica.

Pero, además, los autopsiantes explicaron que el albañil había entrado ya muerto al río, ya que no había agua en los pulmones ni el denominado "hongo de espuma" en las vías respiratorias, dos signos característicos de quienes mueren ahogados.

Por otra parte, los peritos de Policía Científica analizaron la casilla de los albañiles y allí detectaron algunas manchas y proyecciones de sangre en algunos ambientes.

Al tratarse de un homicidio, el fiscal Fuenzalida, delegó la causa en su colega Martín Otero, de la UFI Criminal de San Fernando, quien junto a los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Fernando recolectaron los indicios y pruebas suficientes para detener a los cinco albañiles

"Las versiones que dieron al llamar al 911, las que les contaron a los policías que llegaron a la isla y las que les dijeron a los familiares de las víctimas son todas contradictorias. Quedaron en evidencia de que estaban mintiendo", dijo a Télam un investigador judicial.

La misma fuente explicó que hay dos hipótesis sobre el gasoil derramado en la cabaña: o realmente lo arrojó la víctima por algún conflicto antes de que sea asesinada, o fueron los mismos imputados quienes intentaron borrar rastros y evidencias del lugar donde presuntamente cometieron el crimen.

Con todos estos elementos, el fiscal Otero solicitó el viernes pasado las detenciones de los cinco sospechosos, lo que fue avalando y ordenado por el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli.

Las detenciones fueron concretadas por la SubDDI San Fernando y el Destacamento Camino Isleño.

Además del ya mencionado Cáceres, que es de nacionalidad paraguaya, los otros cuatro detenidos de la causa fueron identificados por las fuentes como Facundo Gastón Maidana (26); Alan Gustavo Mendoza (18); Horacio Gauna (35) y Jean Michel Escoseres González (35), de nacionalidad uruguaya.

Si bien Cáceres dijo que la víctima era su "primo", la Justicia luego determinó que ni él ni el resto de los sospechosos tenían lazos de parentesco con Aguilar y sólo le decían así a modo de apodo.

Los cinco quedaron imputados por el delito de "homicidio simple", delito que en el artículo 79 del Código Penal prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.

Fuentes judiciales confirmaron a esta agencia que asesorados por sus defensores, los cinco acusados del asesinato se negaron a declarar ante el fiscal.

El móvil del crimen aún es un misterio para los investigadores, aunque ya un familiar de la víctima declaró que unos días antes Aguilar había peleado con algunos de sus compañeros de trabajo. Télam.