Diputada bonaerense reclama sanción de ley para identificar el registro del trabajo rural
La diputada bonaerense del Frente de Todos (FdT) y dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Natalia Sánchez Jáuregui, afirmó hoy que "el 70 por ciento" de los trabajadores rurales del distrito "no está registrado" y reclamó por parte del Senado provincial un proyecto de ley para crear "el sistema de identificación de tranqueras".
"El 70 por ciento de los trabajadores rurales no está está registrado. Durante la época de las cosechas de ajo y cebolla en el sudeste bonaerense llegan trabajadores golondrinas (personas que viajan a otras provincias para desempeñarse en chacras y en tareas agrícolas y de cosecha) y ellos tampoco están registrados", apuntó Sánchez Jáuregui en declaraciones a Télam.
La legisladora explicó que esta iniciativa propone colocar una chapa identificatoria georreferenciada que registrará las coordenadas y el código del establecimiento rural asignado a través de un mapa interactivo y un nomenclador, con el objetivo de proteger a los trabajadores rurales.
El sistema de georreferenciación será implementado a través de Google Maps, permitiendo referencias de ubicación en tiempo real, así como también vistas satelitales que informen al consultante en torno al camino más corto o más seguro para llegar al establecimiento de que se trate o bien para la llegada de ambulancias al campo.
De esta forma se creará el Mapa interactivo SOS Rural que será desarrollado y administrado por una autoridad provincial a definir por el Gobierno bonaerense en la reglamentación que se realice con posterioridad a la eventual sanción de esta ley.
"Nosotros estamos muy contentos por el reconocimiento del gobernador, Axel Kicillof. Sus políticas llegan al sector. Uatre ha firmado un convenio en San Vicente para la construcción de 70 viviendas para los trabajadores rurales y tenemos otras 250 más esperando que el municipio nos otorgue la documentación correspondiente", indicó Sánchez Jáuregui.
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Durante el procedimiento, agentes del organismo constataron que las embarcaciones registraban importantes deudas tributarias, por lo que se labraron las actas correspondientes y se notificó en el momento a las personas propietarias. En todos los casos, la situación fue regularizada en menos de 24 horas, lo que permitió evitar el secuestro de los bienes.
