Tensión frente al Congreso tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno nacional oficializó el veto total a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y como respuesta, miles de personas se manifestaron frente al Congreso de la Nación para exigir su restitución. La marcha, que comenzó de forma pacífica sobre Avenida Rivadavia y Entre Ríos, terminó con empujones y enfrentamientos luego de que Gendarmería Nacional y la Policía Federal activaran el protocolo antipiquetes.

El proyecto, aprobado por ambas cámaras legislativas, extendía la emergencia hasta 2026, establecía una pensión no contributiva compatible con el empleo formal, y garantizaba actualizaciones automáticas en los aranceles para prestadores. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetarlo, argumentando un impacto fiscal elevado: $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026.

Testimonios que reflejan una crisis profunda

Durante la jornada, organizaciones, docentes, trabajadores del sector y familiares denunciaron el abandono estatal y advirtieron sobre un posible colapso en los servicios esenciales para personas con discapacidad.

"Los prestadores no reciben aumentos desde octubre y las obras sociales cubren cada vez menos. El transporte es insostenible", advirtió Alberto Savi, de la Fundación Vitra.

"Si esto sigue así, en seis meses tenemos que cerrar", expresó Oscar Marchetti, del Centro Psicoasistencial Espacios, que atiende a más de 70 personas con discapacidad.

"Vinimos a acompañar a los más vulnerables. Se necesita un poco de empatía del presidente", sostuvo Aldana, docente especial del Instituto Blanquerna de Morón.

"Un veto total no es austeridad: es abandono"

Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, rechazaron la medida con un comunicado contundente: "¿Cómo se transita una vida digna sin apoyos necesarios? Este veto es exclusión".

La organización alertó sobre trabajadores en talleres protegidos que cobran $28.000, prestadores al borde del cierre, familias sin acceso a pensiones básicas y falta de acompañamiento profesional. La situación, según expresaron, ya afecta a miles de personas en todo el país y se agrava día a día por el desfinanciamiento estatal.

Una ley vetada en medio de otras tensiones

El veto a esta ley se dio en paralelo al rechazo del Ejecutivo a la ley de aumento a jubilados, lo que profundizó el conflicto con los sectores más vulnerables. Aunque el Gobierno confía en tener los votos necesarios para sostener el veto en Diputados, las movilizaciones sociales comienzan a mostrar un creciente malestar frente al ajuste.