Masiva marcha al Congreso contra los recortes en discapacidad: exigen declarar la Emergencia Nacional
Organizaciones, familias y prestadores de servicios se movilizaron en defensa de los derechos de más de 200 mil personas con discapacidad, denunciando un ajuste histórico y desfinanciamiento crítico.
Una multitudinaria y conmovedora movilización se realizó este miércoles frente al Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra los recortes que afectan a las personas con discapacidad en todo el país. Convocada por organizaciones, familiares y prestadores de servicios especializados, la marcha denunció el vaciamiento del sistema y exigió la declaración urgente de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que se trataría la semana próxima en la Cámara de Diputados.
Desde las primeras horas de la mañana, semáforos y calles del microcentro porteño fueron copados por pancartas, cánticos y expresiones de angustia, pero también de unidad y fuerza. La concentración creció a lo largo de la jornada, culminando en un corte total de la avenida Entre Ríos, frente al Congreso Nacional.
"Es la primera vez en 23 años que nos vemos obligados a suspender actividades porque la situación se volvió insostenible", expresó Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), que nuclea a más de 200.000 niños y jóvenes con discapacidad. Según la dirigente, los aranceles están 73% por debajo de la inflación y los profesionales de apoyo cobran apenas 307 mil pesos por jornadas de 4 a 5 horas diarias, cinco días a la semana.
Testimonios que conmueven
La manifestación fue atravesada por el dolor, la esperanza y la urgencia. "Fue una marcha pacífica, pero con un reclamo muy fuerte. Hay irregularidades en los pagos, demoras en las autorizaciones y los aranceles están congelados desde diciembre de 2024", explicó Sofía Buljevich, terapista ocupacional.
Santiago Cernich, un joven de 27 años oriundo de Banfield, participó de su primera marcha y compartió su mensaje: "Mi diagnóstico es retraso mental no especificado. Estoy acá porque creo que la fuerza de pocos se convierte en muchos. Queremos que nos escuchen".
Marcela Barrientos, de Hurlingham, fue otro de los testimonios más conmovedores: diagnosticada con esquizofrenia paranoide y víctima de mala praxis médica, recientemente perdió su pensión por discapacidad. "Me dijeron en la Agencia Nacional de Discapacidad que, por cambiar mi domicilio, ya no me corresponde. Estoy sola y sin ingresos. Vine porque necesito que se respeten mis derechos".
Un reclamo que se extiende por el país
La jornada tuvo carácter federal y se replicó en distintas ciudades del país: en la Legislatura de Mendoza, la Plaza Centenario de Córdoba Capital, Cosquín, el Centro Cívico de Bariloche, la Plaza 9 de Julio en Posadas, la Plaza de Mayo en Paraná, entre otros puntos clave.
En cada una de estas movilizaciones se repitieron las denuncias sobre el deterioro del sistema de atención a la discapacidad, que según datos de CASAIE, registró un congelamiento absoluto de aranceles entre enero y abril de 2025, frente a una inflación acumulada del 11,6%. En 2024, los aumentos otorgados nunca superaron el 1% mensual, mientras la inflación promedió el 2,5% mensual.
Críticas al Gobierno y vaciamiento de leyes clave
La manifestación también apuntó contra el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo, acusado por las organizaciones de "silencio y abandono". "Es el responsable de esta situación. No dice nada. Hay un silencio importante", cuestionó Nayla Quintana, directora de ADDEI.
Los reclamos se enmarcan en la denuncia de un vaciamiento sistemático de la Ley 24.901, que desde 1997 establece los servicios esenciales para garantizar la habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, y de la Ley 27.044, que le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"Los chicos están gravemente vulnerados en sus derechos a la salud, la educación y el trabajo. Desde febrero de 2023, los talleres protegidos no actualizan sus montos. Una persona con discapacidad cobra hoy solo 28 mil pesos", denunció Foschi.
"Los números cierran dejando gente afuera"
Sara Arazi, fundadora y actual directiva de CASAIE, sintetizó el sentir general: "Al gobierno los números le cierran dejando fuera a colectivos vulnerables como los jubilados y las personas con discapacidad. Que una persona con discapacidad tenga su escuela o terapia no es un lujo, es un derecho".
La consigna principal del día fue clara: "Emergencia Nacional en Discapacidad, ya". La mirada ahora está puesta en la próxima sesión legislativa, donde se espera que Diputados avance con la media sanción que permita frenar el desfinanciamiento y devolver la dignidad a miles de personas que hoy se sienten abandonadas por el Estado.