La Cámara Nacional Electoral dispuso que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La Justicia electoral definió un nuevo capítulo en la interna libertaria. La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en reemplazo de José Luis Espert. El fallo, emitido este sábado, revocó la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, quien había dispuesto que Karen Reichardt quedara en primer lugar.

El tribunal fundamentó su resolución en la ley de paridad de género (27.412), que establece que los reemplazos deben realizarse con candidatos del mismo género. Según los camaristas, el juez Ramos Padilla "se apartó injustificadamente de la norma aplicable" y basó su fallo en una "interpretación subjetiva", además de declarar una inconstitucionalidad "sin fundamentos suficientes". En el escrito, la Cámara también señaló que el magistrado tergiversó la aplicación de un precedente que correspondía a otra categoría electoral, como la de senadores nacionales.

Con esta decisión, Santilli queda confirmado como primer candidato a diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires, mientras que Reichardt ocupará el segundo lugar.

En paralelo, la fuerza libertaria mantiene abierta otra batalla judicial: la apelación a la resolución de la Junta Electoral bonaerense que rechazó la reimpresión de boletas. El espacio sostiene que el proceso es técnicamente viable y necesario para que las papeletas reflejen la nómina definitiva tras las renuncias de Espert, Lucía Bernardoni y María Gabriela Gobea.

En su presentación, los apoderados cuestionaron la "dilación indebida" y denunciaron falta de imparcialidad en el accionar judicial. Además, remarcaron que la "imposibilidad material" para reimprimir boletas fue "autoinducida" por las propias demoras de la Junta.

El escrito de LLA citó al Ministerio del Interior, que en una audiencia el 8 de octubre aseguró que la reimpresión podía concretarse en cinco días, con viabilidad técnica y económica. Por ello, advirtieron que la negativa vulnera derechos constitucionales y convencionales que garantizan a los ciudadanos un voto informado.