El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y actualizó los umbrales por evasión

El Senado dio un nuevo paso clave en la agenda económica del Gobierno al sancionar la ley de inocencia fiscal, una iniciativa que apunta a modernizar el Régimen Penal Tributario, descomprimir la presión sobre los contribuyentes y corregir umbrales que habían quedado desfasados por la inflación. El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y 26 en contra, sin grandes sobresaltos en el recinto.

La sanción se produjo durante la noche del viernes, pocas horas después de la aprobación del Presupuesto 2026. La ley introduce cambios profundos en los montos que configuran delitos de evasión fiscal y busca, además, incentivar la regularización de capitales no declarados, conocidos popularmente como "dólares del colchón".

Entre los puntos centrales, la norma actualiza los valores que determinan la evasión simple, cuya pena va de dos a seis años de prisión. El umbral pasa de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, la evasión agravada, con penas de tres años y seis meses a nueve años de cárcel, se eleva de $15.000.000 a $1.000.000.000.

En los casos donde se utilicen estructuras jurídicas, testaferros, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad del contribuyente, el monto mínimo para configurar delito pasará a ser de $200.000.000, muy por encima de los $2.000.000 vigentes. Una actualización similar se aplicará al uso de facturas apócrifas, cuyo umbral sube de $1.500.000 a $100.000.000.

El debate por las multas automáticas

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue el fuerte incremento de las multas automáticas, que según especialistas podría superar el 110.000%. A modo de ejemplo, una sanción que hoy es de $200 para personas físicas pasaría a $220.000, mientras que para personas jurídicas subiría de $400 a $440.000.

Ante estos cuestionamientos, el Ejecutivo se comprometió a introducir ajustes en la reglamentación de la ley para evitar impactos negativos en pequeñas y medianas empresas.

Cruces políticos en el recinto

Durante el debate, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la Comisión de Justicia, defendió la iniciativa y sostuvo que "la inflación dejó un sistema anacrónico, con umbrales totalmente desactualizados". También denunció un esquema de "asimetrías" que genera conflictos entre las declaraciones juradas y las presunciones del organismo recaudador.

Desde la oposición, el peronista Martín Soria advirtió que la norma "no ayuda a las pymes ni a los pequeños contribuyentes", mientras que Adán Bahl (Entre Ríos) alertó sobre posibles conflictos judiciales e impositivos. En la misma línea, el puntano Fernando Salino cuestionó que la reglamentación pueda corregir aspectos de la ley y alertó sobre una cesión de facultades de las provincias.

En contraste, legisladores de la UCR y del PRO acompañaron el proyecto con matices. El bonaerense Maximiliano Abad remarcó que "no es lo mismo un gran empresario que un almacenero" y destacó la apertura del oficialismo para incorporar observaciones. La senadora Andrea Cristina (Chubut) sostuvo que la ley permitirá "optimizar la asignación de recursos de fiscalización".

La postura del oficialismo

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió con firmeza la iniciativa y aseguró que la ley "no tiene una lógica recaudatoria", sino que busca terminar con la "persecución" y permitir que los contribuyentes puedan utilizar su dinero "sin una espada de Damocles sobre la cabeza".

Además, recordó que el régimen penal tributario vigente tiene su origen en 1932 y que la última actualización data de 1998, lo que refuerza el argumento del Gobierno sobre la necesidad de una reforma profunda.