El Senado aprobó la reforma laboral y el proyecto avanza a Diputados para su sanción definitiva

El Gobierno nacional logró avanzar con uno de sus proyectos centrales al conseguir la aprobación en general de la reforma laboral en el Senado. La sesión, extensa y atravesada por fuertes cruces políticos, dejó al descubierto posturas enfrentadas entre oficialismo y oposición sobre el futuro del mercado laboral argentino. Con respaldo de bloques dialoguistas, el texto superó la votación y quedó en condiciones de pasar a la Cámara de Diputados, donde se definirá su sanción final.

En una sesión maratónica que se extendió por más de 16 horas, el oficialismo junto a aliados logró aprobar en el Senado el proyecto de reforma laboral con 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre 72 legisladores presentes. Tras la votación en general, la iniciativa avanzó en el tratamiento en particular, donde también se sostuvo la mayoría en los distintos títulos que componen la norma.

El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes diferencias políticas y conceptuales respecto del impacto que podría tener la legislación en el empleo y las relaciones laborales. Desde el oficialismo se defendió el texto como una herramienta para modernizar el sistema y reducir la litigiosidad, mientras que sectores opositores cuestionaron que pueda implicar una flexibilización que afecte derechos de los trabajadores.

Entre los cambios incorporados en las últimas horas previas a la votación se destacó la eliminación del artículo que contemplaba alivios impositivos en Ganancias para grandes empresas, así como modificaciones vinculadas a aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales -que continuarán, aunque con topes menores- y el mantenimiento del 6% destinado a obras sociales. También se introdujeron ajustes sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con indemnizaciones, y plazos de adaptación para ciertos estatutos.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la inclusión, como anexo del proyecto, del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que despertó cuestionamientos por su forma de incorporación y provocó tensiones políticas dentro del propio oficialismo.

Durante el debate, legisladores que respaldaron la iniciativa argumentaron que la normativa brindará previsibilidad jurídica, reducirá costos laborales y contribuirá a la formalización del empleo. En contrapartida, senadores opositores advirtieron que las reformas laborales históricamente no generaron más empleo y alertaron sobre posibles impactos en derechos adquiridos.

La discusión también incluyó exposiciones sobre el elevado nivel de informalidad laboral -estimado en millones de trabajadores- y la necesidad de adecuar la legislación a los cambios productivos y tecnológicos, mientras otros sectores insistieron en la necesidad de priorizar políticas fiscales y productivas antes que modificar el régimen laboral.

Finalmente, tras aprobarse el articulado, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley. De lograrlo, se trataría de una de las reformas laborales más relevantes impulsadas en democracia, luego de varios intentos fallidos en décadas anteriores.