El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025, luego de un fallo judicial que obligó a su entrada en vigencia plena. La normativa, que había sido suspendida por el Ejecutivo por razones presupuestarias, finalmente fue puesta en marcha mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefine el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad en todo el país.

El Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras una resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválida la suspensión de la norma y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su implementación. La medida fue formalizada mediante el Decreto 84/2026, firmado por Javier Milei, que establece los criterios para el nuevo sistema de pensiones y define los mecanismos de control y evaluación socioeconómica.

El conflicto se originó cuando el Gobierno intentó frenar la aplicación de la ley, aprobada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto basado en la falta de financiamiento. Aunque la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, el Ejecutivo había dispuesto su suspensión hasta definir el origen de los recursos. Esa decisión fue impugnada judicialmente a través de un amparo colectivo, que derivó en el fallo que obligó al Estado a reglamentar la norma.

Con la publicación del decreto, se establecen los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas por discapacidad, ahora denominadas Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. También se fijan incompatibilidades con otros beneficios previsionales y se crean procedimientos para auditar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios.

La reglamentación coloca la implementación bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, que deberá convocar en un plazo máximo de 30 días al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar criterios de evaluación y presentar un plan de auditorías periódicas. Además, se prevé la articulación con organismos oficiales y organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar una mirada federal.

El decreto reconoce la preocupación fiscal y aclara que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles. Entre los puntos más sensibles figura la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo sistema, lo que implica la revisión de miles de prestaciones en todo el país.

En su parte final, la norma subraya que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni renunciar a la disputa legal en curso. El texto señala expresamente que se actúa "sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos".

Nuevas designaciones en el área de discapacidad

Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno también formalizó la designación de tres funcionarios clave dentro del Ministerio de Salud. El cargo principal quedó en manos de Alejandro Alberto Vilches, quien asumió como secretario Nacional de Discapacidad. Vilches había sido interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde agosto de 2025.

Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado Gianfranco Scigliano, mientras que Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, área destinada a facilitar el acceso a herramientas sociales, laborales y educativas para personas con discapacidad.

Vilches cuenta con una extensa trayectoria en gestión sanitaria, tanto en el ámbito público como en el sistema solidario de salud. Se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria, asesor en la Jefatura de Gabinete, subgerente del I.O.S.F.A. y director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires. Además, desarrolló actividad académica en la Universidad Católica Argentina, con especialización en auditoría médica y gestión de sistemas de salud.