El Gobierno elimina el Fondo Procrear y redefine la gestión de créditos e inmuebles

El Gobierno activó la etapa final del proceso para desmantelar el Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), una herramienta que funcionó como pilar del acceso a la vivienda durante más de una década. La medida fue oficializada este 9 de junio a través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El fideicomiso, que había sido formalmente disuelto en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/2024, fue creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de facilitar créditos hipotecarios para vivienda única. Su financiamiento provenía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, y su administración estuvo a cargo del Banco Hipotecario S.A.

Qué implica la eliminación del Procrear como fideicomiso

Con esta nueva resolución, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, reglamenta la etapa operativa del cierre del fondo. Los principales puntos de la norma incluyen:

• El Banco Hipotecario continuará gestionando los créditos ya otorgados, mediante un contrato de mandato con las mismas condiciones vigentes desde 2012.
• Los inmuebles no afectados a obras vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o redistribuidos entre provincias, municipios y organismos públicos.
• Los fondos recaudados por el cobro de cuotas serán transferidos al Tesoro Nacional, descontando honorarios y costos operativos.
• Se habilita la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento (menos del 40% de cobrabilidad).
• La Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de representar al Estado en causas judiciales vinculadas al extinto fideicomiso.

Una medida que reconfigura la política de vivienda

El Procrear fue durante años una de las herramientas más importantes del Estado para fomentar el acceso a la vivienda a través de créditos hipotecarios accesibles y la urbanización de tierras fiscales. Su desmantelamiento implica un cambio profundo en la política habitacional nacional, generando incertidumbre entre beneficiarios, municipios y desarrolladores que operaban bajo este esquema.

Desde ahora, el enfoque oficial parece centrarse en reducir el peso del Estado en la administración directa de estos programas, dando mayor espacio a las provincias y al sector privado en la gestión de suelo e infraestructura.