El Gobierno avanza con la privatización total de AySA: venta de acciones, tarifas trimestrales y cortes a morosos

El plan contempla la venta del 100% de las acciones del Estado nacional en la empresa, un esquema de actualización trimestral de tarifas y la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago. La adjudicación se prevé para 2026.

El Gobierno nacional confirmó el inicio del proceso de privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), empresa estatal que brinda servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense. El anuncio, realizado este viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni, contempla la incorporación de capital privado a través de una venta escalonada del 100% de las acciones estatales.

Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante está en manos de sus empleados. Según el esquema propuesto, en una primera etapa se pondrá a la venta al menos el 51% de las acciones, lo que implicará la pérdida del control estatal. La infraestructura seguirá siendo de propiedad pública, pero la operación del servicio pasará a estar en manos del sector privado.

Privatización por etapas: licitación y oferta pública

El proceso incluirá una licitación pública nacional e internacional, con el objetivo de incorporar un operador estratégico, y posteriormente una oferta pública inicial (OPI) para que ciudadanos, empleados e inversores puedan adquirir participación en la empresa. La licitación se extenderá por 330 días, mientras que la OPI demandará otros 90 días, por lo que la adjudicación se concretaría en 2026, según estimaciones oficiales.

El procedimiento contará con el control de la Comisión Nacional de Valores y, aseguran desde el Gobierno, se respetarán los "más altos estándares nacionales e internacionales" para garantizar transparencia.

Tarifas y cortes por falta de pago

Uno de los puntos más polémicos del proyecto tiene que ver con la posibilidad de suspender el servicio a los usuarios que no estén al día con sus facturas. Aunque AySA ya está habilitada por la Ley 26.221 a realizar cortes en casos excepcionales, la nueva normativa incluiría esta medida en los contratos con los futuros concesionarios.

En cuanto a las tarifas, el plan oficial establece que el ajuste de precios será trimestral, y se definirá por contrato cuáles serán las variables a considerar. En el primer año de la gestión Milei, AySA ya aplicó un aumento del 209% en el AMBA, mientras que en 2025 el incremento fue del 1% mensual.

Obras e impacto laboral

Respecto a la financiación de obras de infraestructura, el modelo prevé que el concesionario podrá recuperar su inversión a través del cobro en las boletas. También se abrirá la posibilidad de que las provincias, municipios o incluso los propios vecinos puedan ejecutar mejoras.

Desde diciembre de 2023, la empresa estatal inició un proceso de reordenamiento interno que incluyó el despido de 200 empleados. Actualmente, AySA tiene una planta de 6.200 trabajadores, y desde el Gobierno aclararon que el futuro operador privado tendrá autonomía para definir sobre la continuidad del personal.

Justificación oficial y cobertura territorial

Durante la conferencia, Adorni argumentó que desde su reestatización en 2006, AySA necesitó subsidios por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023. Según la visión del Ejecutivo, la privatización permitirá modernizar el sistema, reducir el costo y mejorar la calidad del servicio.

AySA presta servicio a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones con saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano, incluyendo distritos clave como San Martín, La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Tigre y Vicente López.

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