Diputados aprobó el proyecto de financiamiento universitario y pone en jaque la meta de déficit cero de Milei

En una sesión clave para el futuro del sistema educativo público, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de financiamiento universitario, que busca garantizar el funcionamiento pleno de las universidades nacionales. La votación fue de 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y representa un duro revés para el gobierno de Javier Milei, que rechaza la medida por su impacto en la política de déficit fiscal cero.

La iniciativa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y ahora será girada al Senado, donde se prevé un tratamiento favorable debido al malestar de sectores aliados al oficialismo, incluidos los gobernadores dialoguistas.

¿Qué propone el proyecto aprobado?

El texto establece:

• Elevación del presupuesto universitario al 1% del PBI
• Actualización bimestral automática por inflación desde enero de 2025
• Fondo especial para carreras estratégicas
• Convocatoria a paritarias docentes y no docentes
• Financiamiento para hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión

También se contempla una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024, en línea con la inflación, para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio durante el segundo semestre del año.

Recomposición salarial y control externo

En materia salarial, el proyecto propone:

• Compensar las diferencias entre inflación y aumentos otorgados desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley
• Establecer actualizaciones bimestrales no inferiores a la variación del IPC
• Incorporar al básico todas las sumas no remunerativas y no bonificables durante el 2025

Además, se suma una medida de control: la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar un control administrativo externo de las universidades públicas y enviar los informes correspondientes al Congreso Nacional.

Tensión con el Gobierno

El proyecto aprobado representa un nuevo desafío legislativo para el oficialismo, que se enfrenta a un Congreso más hostil y a una creciente presión social por el sostenimiento del sistema educativo.

El gobierno de Javier Milei, que sostiene como prioridad la reducción del gasto y el equilibrio fiscal, considera este tipo de proyectos como un obstáculo para la consolidación del modelo económico.

Sin embargo, la presión de la comunidad universitaria, la movilización social y el respaldo de sectores políticos opositores y dialoguistas inclinaron la balanza en favor de una medida que apunta a garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.