La PSA desarticuló una banda que vendía ilegalmente celulares

El trabajo de investigación criminal realizado por el personal de la PSA durante cuatro meses permitió detectar a esta banda que vendía teléfonos inteligentes de una primera marca estadounidense, importados de manera ilegal. A su vez, la pesquisa permitió identificar a los involucrados, sus domicilios y oficinas comerciales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, al inicio de su gestión ordenó, precisamente, que las Fuerzas de Seguridad Federales “deben profesionalizar sus capacidades de investigación criminal y de prevención y respuesta ante el delito complejo. El objetivo de las organizaciones criminales radica en obtener ganancias económicas y de poder que les posibilite, desde sus diferentes modus operandi, monetizar el producto de los ilícitos. Neutralizar el delito complejo requiere mejorar, incrementar y fortalecer la investigación para desbaratar a las organizaciones criminales. Y desbaratarlas significa desarticular a las cúpulas que estructuran y organizan a grupos que delinquen de manera cada vez más sofisticada”. Desde esas premisas, el Ministerio de Seguridad de la Nación impulsa un trabajo cada vez más y mejor articulado con el Poder Judicial, lo que ha posibilitado desmembrar importantes grupos dedicados a diferentes tipos de delitos complejos, como el que desarticuló la PSA.

Sobre el caso, el director nacional de la PSA, José Glinski, sostuvo que “el contrabando de mercaderías no hace más que visibilizar que el 40% de la economía argentina es informal, por lo tanto, gran parte de la economía se abastece de mecanismos irregulares. En general la crisis económica, agudizada con la pandemia, opera como un elemento clave de arrastre para explicar estas iniciativas de importación irregular de productos”. Tras ello, agregó: “El delito es un fenómeno social y cualquier modificación que haya en la dinámica social va a modificar la expresión del delito”.

En efecto, como parte de las tareas de campo y escuchas telefónicas dispuestas por el Juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo de Pablo Yadarola, se comprobó el ilícito, se logró identificar al proveedor de los principales investigados y a quien, se presume, actuaba como facilitador del ingreso de los productos eludiendo los controles correspondientes. De hecho, en el transcurso de la investigación se pudo recolectar pruebas acerca de que los involucrados ya habían sido allanados, aunque siempre habían sido alertados con anterioridad, lo cual les permitía eludir el accionar de la Justicia.

Ante la cantidad de información probatoria, el magistrado actuante ordenó el inmediato allanamiento de los 13 domicilios implicados en la causa (distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrios privados y localidades de la provincia de Buenos Aires). Como resultado de dichos operativos, la PSA detuvo a seis personas e incautó (contabilizando artículos nuevos y efectos personales) 462 smartphones; 43 notebooks; 11 iPads; 10 relojes inteligentes de alta gama; auriculares inalámbricos; parlantes; cigarrillos electrónicos y 840 líquidos saborizados para cigarrillos electrónicos; decenas de cargadores; un microprocesador; un reproductor; una consola de juegos; dispositivos de almacenamiento; fundas y vidrios templados, entre otros accesorios. También decomisó un enorme caudal de dinero en moneda nacional y en dólares; armas de fuego; dos vehículos; seis máquinas de contar dinero e información relevante para la causa.