Massa anunció que los salarios de hasta $ 880.000 no pagarán Ganancias sobre el aguinaldo

El ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso este miércoles que el medio aguinaldo quedará exento del impuesto a las Ganancias para los salarios brutos de hasta $ 880.000.

Según informó esta mañana el Palacio de Hacienda en un comunicado, la medida beneficiará a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de todo el país.

El proyecto de decreto que aumenta la exención del inciso z del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias implica que los sueldos anuales complementarios estarán exentos de Ganancias si la remuneración mensual del trabajador no supera los $ 880.000 brutos, lo que equivale a 10 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se trata de un beneficio extraordinario por única vez para los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que recompongan el poder adquisitivo y proyectando que esta mejora del salario de bolsillo se traduce en mayor consumo y actividad económica.

La medida beneficia a 513.000 trabajadores y trabajadoras de todo el país que se encuentran sujetos a retenciones de Ganancias, y registran salarios brutos mensuales de entre $ 506.230 y $ 880.000.

En este sentido, más del 50% de los trabajadores que hoy pagan el impuesto están alcanzados por el beneficio.

La medida dispuesta por Massa implica una mejora de bolsillo promedio por empleado que supera los $ 110.000 ($ 112.600), y un incremento sobre el sueldo mensual promedio de bolsillo del 26%.

En el caso del aguinaldo, la retención del impuesto se va calculando mes a mes.

Por esto, la medida propone devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en junio y julio.

Para ello, los empleadores deberán exponer la devolución en un renglón separado del recibo de sueldo, identificando claramente el beneficio de la medida.

El alivio fiscal definido por Massa alcanzará a 92.640 trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera.

Mientras que incluirá a 72.598 de la enseñanza; 56.059 de intermediación financiera y servicios de seguro; 43.570 de servicios de transporte y almacenamiento.

Asimismo, comprenderá a 41.633 trabajadores de información y comunicaciones; 33.682 de salud humana y servicios sociales; 29.110 de comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos automotores; 28.501 de exploración de minas y canteras.

Del mismo modo, la exención beneficiará a 19.669 de la construcción; 18.161 de servicios de asociaciones y servicios personales; 16.923 de suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 14.582 de policía y fuerzas de seguridad; 13.770 de servicios profesionales, científicos y técnicos.

Además, abarcará a 12.552 empleados y empleadas de actividades administrativas y servicios de apoyo; 8.376 de suministros de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales; 4.515 de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 3.092 de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; 2.236 de servicios de alojamiento y de comida; 1.013 de servicios inmobiliarios; 318 de servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.

A principios de mayo, Massa definió un nuevo mínimo no imponible para el impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2023 para la cuarta categoría de $ 506.230 mensuales brutos, medida que benefició a 250.000 personas.

Además, decidió la eximición de Ganancias a los adicionales salariales de más de 600.000 trabajadores que cobran estos conceptos, como bonos por productividad, horas extras y antigüedad.

En el caso de Ganancias, a partir del nuevo mínimo no imponible, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. Télam.

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Durante el procedimiento, agentes del organismo constataron que las embarcaciones registraban importantes deudas tributarias, por lo que se labraron las actas correspondientes y se notificó en el momento a las personas propietarias. En todos los casos, la situación fue regularizada en menos de 24 horas, lo que permitió evitar el secuestro de los bienes.