La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario y garantizar salarios y becas

En un fallo de alto impacto, la Justicia ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley de financiamiento universitario. La decisión, confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, busca garantizar la actualización salarial docente y el sostenimiento de becas estudiantiles, en medio de un fuerte debate por el presupuesto educativo.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y ratificada con dos tercios tras el veto presidencial.

El conflicto se originó luego de que el Gobierno promulgara la norma mediante el decreto 759/25, condicionando su aplicación a la asignación de financiamiento específico. Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades presentaron un amparo solicitando la inconstitucionalidad de esa limitación.

La Justicia: "No se puede suspender una ley vigente"

Al analizar el caso, los jueces destacaron que el Congreso había cumplido con todo el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Nacional, por lo que la ley debía aplicarse sin condicionamientos.

En ese sentido, remarcaron que no es válido suspender la vigencia de una norma aprobada por el Congreso en base a otra ley anterior de igual jerarquía. Según el fallo, esto iría en contra de los principios constitucionales y la doctrina de la Corte Suprema.

Salarios, becas y riesgo de perjuicio irreparable

El tribunal también consideró que la demora en la aplicación de la ley podría generar daños graves, especialmente en lo que respecta a los salarios docentes y las becas estudiantiles.

Los magistrados señalaron que existe un deterioro en los ingresos del sector y una pérdida del poder adquisitivo, lo que configura un perjuicio de carácter alimentario que justifica la urgencia de la medida.

Educación pública e interés social

En relación al impacto fiscal, la Cámara sostuvo que el costo estimado de la implementación -alrededor del 0,23% del PBI- no afecta el interés público. Por el contrario, subrayó que está en juego el derecho a enseñar y aprender, un principio fundamental del sistema democrático.

Rechazo a los argumentos del Estado

El fallo también desestimó los planteos del Gobierno sobre supuesta parcialidad judicial y aclaró que la medida cautelar no constituye una sentencia definitiva, sino que busca garantizar derechos mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

De esta manera, la Justicia ratificó la obligación del Poder Ejecutivo de avanzar con la recomposición salarial del sector universitario y el sostenimiento de becas, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades públicas.