Desregularon los aranceles de los colegios privados y podrán fijar las cuotas sin autorización del Estado

En un giro histórico para el sistema educativo argentino, el Gobierno nacional puso fin al régimen de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados que estuvo vigente durante más de 30 años. Mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que regulaba las matrículas y cuotas, habilitando a las instituciones a definir libremente sus precios sin autorización previa de la autoridad educativa.

El Decreto 787/2025 elimina el Decreto 2417/1993, una estructura legal que por más de tres décadas reguló la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la fijación de aranceles escolares. Con la nueva normativa, los colegios privados quedan habilitados a fijar cuotas, matrículas y modificaciones de precios sin restricciones administrativas.

Según los fundamentos oficiales, el sistema anterior "presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país". Con la transferencia de competencias educativas a las provincias, el Gobierno considera que el esquema de control nacional quedó desactualizado y atentaba contra la flexibilidad financiera de las instituciones.

El decreto argumenta que el régimen vigente obligaba a los colegios privados a informar y solicitar autorización previa para cualquier aumento, lo que -según el Ejecutivo- generaba incertidumbre y llevaba a las instituciones a "fijar cuotas más elevadas de lo necesario" para cubrir eventuales subas de costos sin depender de una aprobación estatal que podía demorarse.

Impacto en las familias y en el mercado educativo

El texto oficial sostiene que la regulación históricamente "perjudicó a las familias", ya que obligaba a los colegios a establecer aranceles altos desde el inicio del ciclo lectivo para anticiparse a la inflación y a los costos operativos. Con la desregulación, el Gobierno apunta a un esquema de libre competencia, donde cada establecimiento determine sus valores en función del mercado.

La medida también pone énfasis en el derecho de propiedad de los institutos privados, al considerar que deben tener libertad para fijar sus condiciones de contratación, salarios y estructura de costos sin autorización estatal. Según el Ejecutivo, el marco anterior "podía llevar a una precarización de la calidad educativa" al limitar la capacidad de las escuelas para ajustar sus tarifas ante aumentos en insumos, salarios o servicios.

Próximos pasos: revisión del sistema de financiamiento privado

Además, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para revisar las pautas del Decreto 2542/1991 -la base histórica del financiamiento de la educación privada- y elevar una propuesta de actualización que avance hacia un modelo centrado en el libre mercado, la competencia y la "libre contratación" entre familias e instituciones educativas.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca consolidar un sistema donde las instituciones educativas privadas definan sus políticas de precios, compitan por matrícula y regulen sus estructuras internas sin intervención previa del Estado nacional.