Derogación de leyes de góndolas y de abastecimiento desregula precios y oferta de productos

A partir de esta decisión, se dejarán de establecer precios máximos o de referencia, inspeccionar establecimientos comerciales, exigir su inclusión en registros de la actividad y sancionar por la falta de productos o de señalización.

En los considerandos, el DNU indica que "es imprescindible facilitar la operatoria económica eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado, correspondiendo así derogar las leyes 20.680 de Abastecimiento y 27.545 de Góndolas".

También destaca que "es necesario derogar la Ley 18.425 de Promoción Comercial que impone limitaciones al funcionamiento de los comercios y obliga a participar de registros de actividad que carecen de razón de ser".

Además subraya que "en aras de impulsar inversiones y radicaciones comerciales y generar empleo es necesario derogar la Ley 19.227 que limita la ubicación de mercados mayoristas, y la 20.657, (que rige los horarios de los supermercados) otorgando más libertad para las decisiones privadas en el comercio".

En concreto, el decreto determina las derogaciones de las leyes 18.425 de Promoción Comercial (artículo 4), 27.545 de Góndolas (art. 7), 19.227 de Mercados Mayoristas (art. 8), 20.680 de Abastecimiento (art. 9) y 20.657 de Actividad Comercial en Supermercados (art. 12)

La ley de góndolas, sancionada y promulgada en 2021, es una norma que tiene como objetivos centrales que los precios de los productos se visibilicen en forma clara, y que sea posible acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la agricultura familiar, la economía popular y de cooperativas y mutuales.

También que haya armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia.

La ley de abastecimiento, promulgada en 1974 y actualizada en 2014, habilita al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez.

También otorga la potestad al Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.

Con la eliminación de estas leyes, las empresas que elaboran productos esenciales tendrán vía libre para modificar los precios sin tener que informar a Comercio, abrir en días y horarios y ofertar la cantidad de mercadería que crean conveniente y ocupar un lugar de mayor exposición que otras en las góndolas.

El secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, le había adelantado la semana pasada a los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarmaría el esquema de controles de precios y pondría a revisión, además, las multas impuestas a empresas en el contexto de Precios Justos.

En forma paralela, el Poder Ejecutivo informó que abandonará el despliegue de controles con inspectores de manera presencial mientras que discontinuará las fiscalizaciones porque consideraron que insumían "una gran cantidad de recursos" para supervisar in situ el cumplimiento de precios acordados, stock y la exhibición de productos de acuerdo con la ley.

Además, el fin de Precios Justos implicará una revisión de actas y multas que el gobierno anterior haya impuesto por incumplimiento de ese programa.

El presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, Fernando Savore, reconoció hoy que "la ley de Góndolas no se venía cumpliendo", y consideró que "el que va a regular el mercado es el consumidor".

En declaraciones a TN Noticias, Savore adelantó que "nos espera un enero y febrero con caída de ventas muy importante".