Atucha en crisis: denuncian despidos, vaciamiento y alertan por riesgo en el sistema nuclear argentino
Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Central Nuclear Atucha denunciaron despidos, persecución sindical, tercerización y un avance privatizador sobre uno de los sectores estratégicos del país. El conflicto ya excede lo gremial y abre un debate sobre energía, seguridad, ciencia y soberanía nacional.
La tensión en el complejo nuclear de Atucha escaló en los últimos días tras nuevas denuncias por despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cesantías en el proyecto CAREM y advertencias de trabajadores sobre un presunto vaciamiento del sistema nuclear argentino. Lo que comenzó como un reclamo gremial hoy expone una discusión mucho más profunda: el futuro de una industria clave para la energía, la ciencia y la soberanía tecnológica del país.
Atucha, en el centro de una crisis que crece
La conflictividad en torno a Central Nuclear Atucha dejó de ser un conflicto interno para convertirse en una alarma política y estratégica. Los trabajadores sostienen que el ajuste impacta de lleno sobre áreas sensibles del sistema nuclear, incluyendo las centrales Atucha I, Atucha II, Central Nuclear Embalse y el desarrollo del reactor modular CAREM, considerado uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de Argentina.
En este contexto, el caso de Mariano Saleh, delegado gremial y trabajador de Atucha, se volvió emblemático. Saleh denuncia persecución por su actividad sindical y por exponer públicamente lo que define como un proceso de desguace del sector nuclear: pérdida de derechos laborales, tercerización de tareas y un avance hacia una privatización parcial.
Denuncias por accidentes y riesgo operativo
La situación se agravó tras una protesta frente a la CNEA luego de confirmarse decenas de despidos de profesionales, técnicos e investigadores. En CAREM también se registraron cesantías.
Saleh fue contundente al denunciar que funcionarios debieron retirarse con custodia de Gendarmería y advirtió sobre accidentes laborales ocurridos en tareas críticas, incluyendo casos de trabajadores electrocutados o expuestos a radiación durante labores vinculadas a la extensión de vida útil de Atucha I.
En una central nuclear, remarcan los especialistas, la seguridad depende de protocolos estrictos, experiencia acumulada y equipos altamente capacitados. La salida de personal especializado no es un dato menor.
El costo del ajuste en un sector estratégico
La energía nuclear requiere décadas de formación y experiencia. Un técnico especializado no se reemplaza rápidamente. Cada salida implica pérdida de conocimiento operativo, algo especialmente delicado en instalaciones de alta complejidad.
Los trabajadores aseguran que el recorte presupuestario no solo reduce salarios y personal: también debilita la capacidad de respuesta técnica y compromete proyectos de largo plazo.
Empresas con superávit, pero bajo amenaza de privatización
Uno de los puntos más sensibles del debate es el económico. Según datos difundidos por legisladores opositores, Nucleoeléctrica Argentina -operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse- cerró 2025 con un resultado financiero positivo superior a $90.304 millones.
Por su parte, Dioxitek, clave para la producción de dióxido de uranio, registró un superávit de $19.204 millones.
Estos números alimentan la discusión: para los críticos del Gobierno, no se trata de reducir organismos deficitarios, sino de avanzar sobre empresas rentables y estratégicas.
Privatización y geopolítica nuclear
La llamada Ley Bases dejó a Nucleoeléctrica dentro del listado de empresas sujetas a privatización. Y en el negocio nuclear, cada movimiento tiene impacto global.
Detrás de una central nuclear no solo hay generación energética: también hay contratos internacionales, cadenas de abastecimiento, desarrollo científico y posicionamiento geopolítico. Potencias como Estados Unidos, China, Rusia y países de Unión Europea consideran a la energía nuclear un activo estratégico central.
Proyecto para proteger el sistema nuclear
En medio del conflicto, la diputada Julia Strada presentó un proyecto para declarar de interés nacional toda la cadena nuclear argentina.
La iniciativa busca:
- Garantizar el funcionamiento de Atucha I, Atucha II y Embalse
- Reactivar el reactor CAREM
- Avanzar con una cuarta central nuclear
- Recuperar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito
- Frenar la privatización parcial de Nucleoeléctrica
Mucho más que energía
La CNEA no solo participa en generación eléctrica. También desarrolla materiales avanzados, investigación aplicada y radioisótopos esenciales para diagnósticos y tratamientos médicos, especialmente en oncología.
Por eso, el eventual vaciamiento del sistema nuclear no impactaría únicamente en Lima, Zárate o Bariloche. Sus consecuencias también podrían sentirse en hospitales, laboratorios y centros de salud de todo el país.
Lo que ocurre en Atucha ya excede un conflicto gremial. La discusión de fondo es quién controlará una de las capacidades tecnológicas más sensibles de Argentina.
Para el Gobierno, se trata de eficiencia y reorganización. Para los trabajadores, es un proceso de desguace. Entre ambas posturas queda una pregunta clave: ¿puede un país resignar su programa nuclear sin resignar también parte de su soberanía energética, científica y tecnológica?
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