El Municipio de Tigre regula el cumplimiento de los precios máximos y las normas de sanidad
El gobierno local continúa con más operativos para monitorear los valores máximos de productos esenciales, fijados por el Gobierno nacional y las condiciones de seguridad e higiene de los establecimientos. Se busca garantizar el abastecimiento y que los vecinos no sufran el impacto económico frente a la pandemia de Coronavirus.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Municipio de Tigre continúa con operativos para controlar en comercios del distrito el cumplimiento de los precios máximos de productos esenciales, fijados por el Gobierno nacional. En esta oportunidad, se realizaron en negocios de El Talar, General Pacheco y Benavídez, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los vecinos e impedir abusos en los valores de venta. Más de 80 agentes monitorean las medidas de seguridad e higiene, así como de bromatología adoptadas por cada local.
Durante la jornada, se aplicaron contravenciones por no respetar los precios máximos en productos de la canasta básica familiar, falta de condiciones de higiene y la presencia de mercadería sin reglamentación. De esa manera, se procedió a la clausura inmediata de los establecimientos y se comunicaron los pasos a seguir.
La subsecretaria de Control Urbano, Lorena Aguirregomezcorta, participó del nuevo operativo y afirmó: "Por decisión del intendente Julio Zamora continuamos con los operativos para verificar que todos los comercios, tanto supermercados, hipermercados y almacenes de barrio, cumplan con la medida de precios máximos, que rige por 90 días. Nos interesa proteger al consumidor en esta emergencia sanitaria y sobre todo la economía de cada hogar".
La decisión del Gobierno nacional de retrotraer los precios de productos esenciales al 6 de marzo y fijar una lista de referencia con valores máximos, tiene por objetivo garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios frente al impacto de la pandemia del COVID-19.
Quienes no cumplen son sancionados tanto en el marco de la Ley 20.680 de Abastecimiento como del Código Penal respecto a prácticas especulativas (indisponibilidad manifiesta de mercadería y/o oferta de productos por encima de los precios máximos).
Participó también del operativo: el director general de Inspección General, Federico Lucarelli.
