Comenzó juicio a un cura, un portero y una preceptora por abusos en jardín de infantes de San Pedro

Los integrantes del TOC N°2, presidido por la jueza María Elena Baquedano e integrado por los jueces Alejandro López y María Belén Ocariz, dieron inicio esta mañana al debate oral y público tras rechazar un pedido de suspensión del proceso efectuado por la defensa del cura, en virtud de una acción de amparo presentado anoche y aún pendiente de resolución.

Los acusados son el sacerdote Tulio Matiussi (49); el exportero Anselmo Ojeda (61) -el único que continúa detenido con prisión domiciliaria- y la preceptora María Luján Rubíes (54), quienes llegan a juicio acusados de "abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores", por tener a su cargo la guarda de los menores afectados y, en el primero de los casos, por ser un ministro de culto.

"Tenemos confianza, fe en que se puede hacer justicia en esta instancia a la que llegamos después de cuatro años de mucha lucha", dijo a Télam Carla Vitali, madre de una niña que, con su relato en cámara Gesell, incriminó a los acusados.

En ese sentido, la mujer explicó que desde 2017 las familias denunciantes vienen "batallando contra vericuetos jurídicos y presentaciones de última hora para tratar de frenar el juicio, soportando agravios e intentos de desestabilización" por parte de las defensas "que apuestan a que el proceso se trabe y las familias se agoten".

"En este momento somos la voz de nuestros hijos y no nos queda otra que transmitir lo mejor que podamos de todo lo que ellos nos contaron, que fue muchísimo", agregó.

Por otro lado, se quejó de que el Obispado de San Nicolás –del que depende Matiussi- mantuvo "silencio" durante todo este tiempo, "que es lo mismo que complicidad".

"Lejos de cumplir con los protocolos que la Iglesia establecía, no nos escucharon y encima hubo agravios e intentos de ponernos a nosotros en el papel de los acusados", dijo.

"Nos sentimos muy solos porque las nuestras son comunidades muy religiosas. Pero ésta no es una cuestión de fe -porque muchos de nosotros muchos seguimos pidiéndole a Dios o la virgen que se haga justicia- ni tampoco de la Iglesia (institución) sino de personas que están dentro de la iglesia o en un ámbito educativo haciendo a los chicos cosas que no corresponden", agregó.

Otra de las madres denunciantes, Ana Clara Froman, aseguró que "no hay manera de que los acusados no queden presos con toda la prueba que hay, por eso en mi cabeza no cabe otra opción que, si llegara a pasar, es por una gran corrupción".

"Recibimos el apoyo de mucha gente y muchos nos contaron historias parecidas: son cosas que pasan y mucho más seguido de lo que nos imaginamos, y creo que hay muchas personas que van a reparar mucho en este juicio porque se van a sentir identificadas", dijo.

La mujer aseguró que "son por lo menos 10" los niños y niñas agredidos por los acusados según se desprende de los testimonios de cámara Gesell que obran como prueba en este juicio, chicos cuyas familias decidieron no seguir adelante con el proceso "y creo que si se hace justicia, va a ser un poquito de reparación para ellos".

En su alegato de apertura, el fiscal de la UFIJ 8 de Baradero Hernán Granda afirmó que en el transcurso del debate intentará demostrar que "durante el curso lectivo 2017", los imputados sometieron a los niños a "tocamientos" de sus zonas genitales en horario de clases, delito que los imputados cometían tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

Granda señaló que los hechos ocurrieron "en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y SUM, y en la iglesia San Roque contigua al jardín, donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote".

"Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores", afirmó el fiscal.

Por su parte, el abogado querellante Ariel Fusco se plegó a la descripción de hechos y circunstancias formulados por el fiscal, aunque adelantó que intentará demostrar que no se trató de un abuso sexual simple sino de delitos más graves como los de violación y corrupción de menores.

En tanto, el abogado defensor de Matiussi - Juan Carlos Marchetti-, y el que comparten Ojeda y Rubíes -el defensor oficial Alejandro Ares coincidieron-, en alegar la "imposibilidad de que los hechos se hayan producido en el jardín, que por cuestiones edilicias es muy pequeño y permite el control de los chicos".

"No existe prueba alguna que de alguna manera pueda habilitar este juzgamiento y menos aún una condena", dijo Marchetti.

Mientras se desarrollaba la primera audiencia del debate, afuera se manifestaban en reclamo de Justicia integrantes de diferentes organizaciones nucleadas como Iglesia sin Abusos, la Corriente Clasista y Combativa, Las Mariposas, la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás, la organización Yo sí te creo, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y la Agrupación contra el abuso sexual de San Nicolás (Acase).

"Nosotros apostamos a que desde el poder judicial se pueda marcar que quien está en el banquillo no es ni la Iglesia ni la escuela, que acá hay imputados, víctimas y pruebas contundentes para que este juicio se lleve adelante", aseguró a Télam María Victoria Piva, de la comisión directiva de Acase.

La activista destacó la importancia del acompañamiento profesional a las familias para "fortalecerlas y empoderarlas" en este duro proceso, y las derivaciones que pueden sobrevenir de la escucha atenta y búsqueda de justicia para los hijos.

"Muchas mamás que les creen a sus hijos, pueden a partir de esto empezar a contar sus propias historias de abuso sexual, porque capaz en su momento no habían podido contarlo por miedo a las consecuencias o a que no les crean", dijo.

Las próximas audiencias se desarrollarán los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, a partir de las 9, y declararán unos 60 testigos. Télam.