Preocupación por las condiciones de trabajo de los contadores públicos

Días atrás el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Federación que agrupa a los Consejos de todo el país, solicitó a la AFIP una prórroga de los plazos establecidos para cumplir vencimientos impositivos. La entidad recaudadora respondió con una prórroga de una semana que fue calificada como “exigua” y despertó una respuesta institucional de parte de la entidad que representa a los contadores públicos de toda la Provincia.

“Este exiguo corrimiento de fechas es una clara demostración de que las necesidades de recaudación y la satisfacción de metas tienen más importancia que las cuestiones planteadas por la profesión, aun a costa de poner a graduados y a contribuyentes al borde de no poder cumplir acabadamente con las obligaciones”, afirmó el Dr. Hugo R. Giménez, Presidente del Consejo Profesional.

La entidad bonaerense que nuclea a más de veinte mil profesionales sentó posición a poco de conmemorarse un nuevo Día del graduado en Ciencias Económicas, hecho que tiene lugar cada 15 de junio.

A las habituales tareas que realizan los profesionales en un sistema con más de 140 tributos que deben afrontar los contribuyentes, este año se sumaron los vencimientos anuales de los impuestos de personas humanas, con el novedoso impuesto a la renta financiera, que requieren una mayor dedicación atento a la complejidad propia de la liquidación y la deficiente información existente en los servicios web.

Preocupación

El Dr. Giménez cuestionó la forma en la que AFIP busca “simplificar” la tarea de contribuyentes y asesores. “Debería conocer la Administración fiscal en todos sus niveles la trascendencia de la tarea de los profesionales de Ciencias Económicas”, afirmó el Presidente y aseguró: “Nuestra labor se torna muy compleja y con agendas muy ajustadas que nos ponen en situación de virtual incumplimiento con las consecuencias que esto trae”.

Por último, subrayó que desde la entidad continuarán haciendo llegar a los administradores tributarios su preocupación por “las condiciones de trabajo de los profesionales y la irracionalidad de las normas que, lejos de constituir un verdadero sistema tributario destinado a orientar e impulsar el desarrollo de la economía, se convirtió en un plexo normativo cuyo objetivo pareciera ser la recaudación en cumplimiento de uno de los más altos niveles de presión tributaria del planeta”.