Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul y crecen las denuncias por irregularidades en la licitación

La administración de Javier Milei anunció este jueves la adjudicación de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior argentino. Aunque desde el Ministerio de Economía celebraron el cierre del proceso como un "éxito", la decisión llega en medio de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades, denuncias de competidores y una investigación judicial abierta.

El Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

A través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Ejecutivo adjudicó el contrato al consorcio conformado por la firma belga Jan De Nul Group y Servimagnus, que según el Gobierno presentó la mejor oferta técnica y económica.

La concesión será por 25 años, con posibilidad de prórroga, y comprende tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía navegable por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la privatización permitirá abrir una nueva etapa de inversión privada, modernización tecnológica y reducción de costos logísticos.

Denuncias por presunto direccionamiento

Pese al discurso oficial, la licitación quedó marcada por fuertes polémicas desde su inicio. Diversos especialistas y empresas participantes cuestionaron el diseño del pliego y advirtieron sobre posibles condiciones que habrían favorecido al consorcio ganador.

Entre las principales observaciones aparecen presuntos conflictos de interés dentro del comité evaluador, un sistema de puntuación cuestionado y la fijación de un precio mínimo de peaje que, según críticos del proceso, habría condicionado la competencia.

Otro punto controvertido fue el costo de las impugnaciones: cada objeción formal al proceso requería un desembolso de 10 millones de dólares no reembolsables, una cifra que generó fuertes críticas por considerarse una barrera de acceso para eventuales reclamos.

La promesa oficial: bajar costos y mejorar competitividad

El Ministerio de Economía aseguró que, una vez firmado el contrato -previsto dentro de los próximos 30 días-, se pondrán en marcha obras que reducirían 13,5% los costos logísticos.

Según el Gobierno, la profundización del canal permitirá que los buques salgan con mayor carga desde los puertos argentinos, mejorando la competitividad exportadora de sectores clave como el agro y la industria.

Además, el Ejecutivo prometió nuevas herramientas de control para reforzar la seguridad de navegación y combatir delitos complejos como el narcotráfico.

Empresas competidoras y causas judiciales

Sin embargo, empresas rivales mantuvieron sus cuestionamientos. La firma belga DEME advirtió que el precio base fijado por el Gobierno ya implicaría sobrecostos logísticos significativos para el sistema.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mantiene abierta una investigación sobre el proceso licitatorio para determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales incompatibilidades.

También surgieron controversias internacionales luego de que competidores denunciaran posibles inconsistencias en avales técnicos vinculados a organismos multilaterales, lo que podría derivar en nuevos frentes judiciales.

Una decisión estratégica bajo la lupa

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye uno de los corredores logísticos más importantes de Sudamérica, ya que conecta la producción agroindustrial argentina con los mercados internacionales.

Por eso, cada decisión sobre su administración tiene impacto directo en exportaciones, costos de transporte y competitividad económica.

Con la adjudicación ya oficializada, el Gobierno de Javier Milei avanza en una de sus privatizaciones más relevantes. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión profundiza las dudas sobre la transparencia del proceso y anticipa una fuerte disputa política, empresarial y judicial en torno al futuro de la Hidrovía.