Financiamiento universitario: la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Gobierno y ordenó aplicar la ley
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza a fondos para las universidades, salarios docentes y no docentes, becas e investigación. El Gobierno confirmó que apelará el fallo.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Gobierno nacional para frenar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El magistrado hizo lugar a las acciones impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, junto con la causa promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley, incluyendo el dictado de las normas necesarias para hacerla efectiva.
La sentencia cuestionó específicamente el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la ley en octubre de 2025, pero condicionando su aplicación a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 24.629. El Ejecutivo sostenía que el gasto no podía ejecutarse hasta contar con las fuentes específicas de financiamiento y las correspondientes partidas presupuestarias. El texto oficial del decreto confirma que la Ley 27.795 fue promulgada bajo esa condición.
Cormick consideró que el decreto funcionó como un nuevo veto
Uno de los argumentos centrales del juez fue que el mecanismo empleado por el Ejecutivo terminó produciendo efectos similares a un segundo veto, pese a que el Congreso ya había insistido con la sanción de la norma.
La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025. Posteriormente, el Gobierno la vetó en su totalidad mediante el Decreto 647/2025, pero el Congreso insistió con la norma y alcanzó las mayorías de dos tercios previstas por el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Para Cormick, el Decreto 759/2025 funcionó como un "mecanismo extraconstitucional", ya que en los hechos permitió suspender la voluntad del Congreso después de que ambas cámaras ratificaran la ley.
El magistrado sostuvo además que el decreto "no supera un test mínimo de razonabilidad", debido a que permitió suspender la aplicación de una ley respaldada nuevamente por el Poder Legislativo con las mayorías agravadas previstas constitucionalmente.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La norma no se limita a los gastos de funcionamiento de las universidades. También establece medidas vinculadas con salarios, becas estudiantiles, investigación, hospitales universitarios, infraestructura y actualización presupuestaria.
Entre sus principales disposiciones, obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley tomando como referencia el IPC del INDEC.
También establece la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias y dispone que las actualizaciones salariales sean remunerativas y bonificables.
En materia estudiantil, la ley determina la recomposición de programas como Progresar, Becas Manuel Belgrano, Enfermería y otros programas, tomando como referencia la inflación acumulada, además de prever un incremento progresivo de beneficiarios.
La legislación también contempla recursos para investigación científica, infraestructura, equipamiento, extensión universitaria y hospitales universitarios, entre otros rubros.
El punto clave: cómo se financia la ley
La discusión presupuestaria ocupa un lugar central en la disputa entre el Gobierno y las universidades.
El Ejecutivo argumentó que no estaban determinadas las fuentes necesarias para afrontar los gastos. Sin embargo, Cormick señaló que la propia Ley 27.795 incluye en su artículo 9 mecanismos para obtener los recursos.
Ese artículo habilita la adecuación de partidas presupuestarias para las universidades públicas sin afectar la distribución de la coparticipación federal a las provincias ni los aportes del Tesoro Nacional.
Además, establece que la ley puede financiarse mediante los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados o prorrogados.
Este punto fue uno de los fundamentos utilizados por el juez para rechazar el argumento con el que el Ejecutivo había condicionado la ejecución de la normativa.
Cuánto cuesta la Ley de Financiamiento Universitario
El fallo también aborda el impacto fiscal.
Según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en septiembre de 2025, la implementación de la ley implicaba para ese año un impacto presupuestario estimado de $1.959.974 millones -casi $1,96 billones-, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
El cálculo de la OPC no incluía algunos componentes de la normativa que no podían cuantificarse en ese momento, por lo que se trataba de una estimación sobre los conceptos mensurables.
La disputa ya había llegado hasta la Corte Suprema
La resolución de Cormick no constituye el primer pronunciamiento judicial dentro del conflicto.
En diciembre de 2025, el magistrado había dictado una medida cautelar que ordenaba aplicar inmediatamente los artículos 5° y 6° de la ley, vinculados principalmente con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
Esa cautelar fue posteriormente confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado, por lo que aquella medida quedó firme mientras continuaba la discusión sobre el fondo del planteo.
Durante septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que acreditara el cumplimiento de la cautelar.
Ahora, la nueva sentencia avanza sobre la cuestión de fondo y declara inconstitucional el mecanismo del Decreto 759/2025 que había condicionado la implementación de la ley.
El Gobierno apelará el fallo
El conflicto, sin embargo, continuará en los tribunales.
Tras conocerse la sentencia, el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión de Cormick y buscará revertirla ante la Justicia. Desde el Ejecutivo mantienen la postura de que el Congreso debe determinar de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar el gasto.
De esta manera, la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales abre una nueva etapa judicial mientras las casas de altos estudios, docentes, no docentes y estudiantes reclaman la aplicación integral de una ley sancionada por el Congreso en 2025.








