El Senado aprobó cambios sobre propiedad privada, pero el Gobierno cedió con la Ley de Manejo del Fuego

El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada una versión reducida del proyecto impulsado por el oficialismo para introducir cambios vinculados con la propiedad privada, las expropiaciones y los desalojos. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La extensa y tensa sesión dejó, sin embargo, un revés para La Libertad Avanza. Ante la falta de apoyos suficientes, el oficialismo terminó retirando el capítulo que buscaba modificar la Ley de Manejo del Fuego.

De esta manera, seguirán vigentes las restricciones establecidas actualmente para modificar el uso y destino de superficies afectadas por incendios durante períodos de 30 y 60 años, según el tipo de terreno.

La decisión se sumó a otra modificación importante que había sufrido previamente la propuesta: también quedó afuera el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.

Así, el texto que logró avanzar en el Senado quedó concentrado principalmente en cambios sobre el régimen de expropiaciones y en procedimientos de desalojo.

Una sesión marcada por negociaciones y cambios de último momento

Antes de comenzar el debate de fondo, oficialistas, sectores dialoguistas y el kirchnerismo coincidieron en dejar de lado la discusión relacionada con la participación virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes habían presentado justificaciones médicas.

Posteriormente, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, presentó una moción para que el proyecto regresara a comisión. La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, permitiendo que continuara el tratamiento.

Sin embargo, a medida que avanzaron las horas comenzó a quedar en evidencia que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para sostener la modificación de la normativa sobre incendios.

Finalmente, ese capítulo fue retirado antes de la votación general.

Qué pasó con la Ley de Manejo del Fuego

Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue la propuesta para modificar las restricciones que pesan sobre terrenos afectados por incendios.

La legislación vigente establece limitaciones durante décadas para impedir cambios en el uso o destino de las tierras luego de un incendio, una herramienta diseñada para desalentar eventuales quemas intencionales vinculadas con negocios inmobiliarios o productivos.

Durante el debate, el senador oficialista Agustín Coto, miembro informante de la iniciativa, cuestionó la extensión de esos plazos y sostuvo que paralizar terrenos durante "30 y 60 años es literalmente una vida".

Desde la oposición rechazaron esa postura.

El senador peronista Pablo Bensusán advirtió que las modificaciones podían afectar recursos naturales estratégicos y cuestionó además los numerosos cambios que había sufrido el proyecto desde su paso por las comisiones.

También el radical bonaerense Maximiliano Abad manifestó fuertes reparos sobre este capítulo.

"El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental", señaló durante su intervención.

Abad consideró además que una reforma en esos términos podía terminar judicializada.

Las objeciones atravesaron diferentes bloques y terminaron dejando al oficialismo sin los votos necesarios para avanzar.

Qué cambia con las expropiaciones

Uno de los capítulos que sí sobrevivió a las negociaciones introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones por parte del Estado.

El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva e identificar de manera específica y concreta el objetivo perseguido.

Además, determina que la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin.

En materia de indemnizaciones, el texto dispone que se tendrá en cuenta el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando pueda determinarse, junto con aquellos daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

No se contemplarán circunstancias personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas ni el eventual incremento del valor del inmueble provocado por el propio proyecto que origine la expropiación.

También se incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda demostrarse mediante pruebas objetivas y sea consecuencia directa de la expropiación.

Desalojos: qué establece el proyecto

Otro de los puntos centrales está relacionado con los desalojos de inmuebles.

Para las propiedades destinadas a vivienda, antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar de manera fehaciente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para cancelar la deuda.

La notificación podrá enviarse al domicilio declarado en el contrato, tanto físico como electrónico.

Una vez vencido ese plazo, o finalizado el contrato de alquiler por cualquier otra causa, el locatario deberá devolver el inmueble.

En caso de incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.

La iniciativa también establece que el locador no podrá negarse a recibir las llaves de la propiedad ni condicionar su recepción, aunque podrá mantener reclamos por obligaciones pendientes.

Bullrich defendió la propiedad privada

En el cierre del debate, Patricia Bullrich, al frente del oficialismo en el Senado, defendió el proyecto y cuestionó a los sectores que rechazaron diferentes capítulos de la iniciativa.

"Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra", sostuvo.

Bullrich argumentó que el Estado debe garantizar los derechos de propietarios afectados por usurpaciones y también mencionó situaciones en barrios populares donde viviendas son ocupadas por organizaciones vinculadas con actividades delictivas.

"La propiedad privada es certeza a los ciudadanos", afirmó.

La senadora también cuestionó las demoras existentes en procesos de expropiación y aseguró que el promedio para cobrar indemnizaciones posteriores a esos procedimientos alcanza, según sus datos, los 18 años.

El proyecto pasa ahora a Diputados

Con la eliminación de los capítulos sobre venta de tierras a extranjeros y Manejo del Fuego, el Gobierno consiguió avanzar con una iniciativa mucho más limitada que la planteada originalmente.

La media sanción mantiene en carrera las modificaciones sobre expropiaciones y desalojos, mientras que las restricciones actualmente vigentes para terrenos afectados por incendios continuarán sin cambios.

Ahora la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados, que tendrá la definición sobre el proyecto aprobado por el Senado.