El Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de AySA

En una nueva etapa del plan de reformas estructurales impulsado por el oficialismo, el Gobierno nacional anunció este viernes que comenzó el proceso para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Estado transferirá el 90% del capital accionario a manos privadas a través de un esquema mixto de licitación y oferta pública.

"Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa", afirmó Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. El 10% restante quedará en manos de los empleados, en el marco del Programa de Propiedad Participada.

Un modelo mixto para atraer inversores nacionales e internacionales

El Gobierno explicó que la operación se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial (IPO) que abrirá la participación de inversores privados en el mercado de capitales.

El proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el objetivo de modernizar el sistema de agua y saneamiento, atraer inversiones y mejorar la calidad y el precio del servicio, según destacaron desde Presidencia.

Críticas a la gestión estatal y foco en el gasto público

Durante el anuncio, Adorni justificó la decisión con fuertes críticas a la gestión estatal de AySA desde su estatización en 2006, señalando que la empresa requirió aportes por más de US$ 13.400 millones de parte del Estado nacional.

Además, denunció un deterioro en la infraestructura, un incremento del 90% en la dotación de personal, y un aumento de la morosidad de los usuarios, que actualmente ronda el 16%, cuando el promedio histórico era del 4%.

Acusaciones sobre uso político y foco en municipios del conurbano

Adorni también apuntó contra la gestión anterior por el presunto uso político de los recursos de la empresa. Según el vocero, durante el último gobierno se gastaron más de US$ 4.800 millones en AySA, de los cuales solo US$ 200 millones se destinaron a obras. De ese monto, el 25% fue asignado a los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas, distritos de origen de la conducción de la empresa.

Estas declaraciones abren una nueva controversia en el debate por el rol del Estado en los servicios públicos, especialmente en zonas sensibles del conurbano bonaerense, como los partidos mencionados.