El Gobierno avanza hacia la privatización de AySA con un DNU que modifica el marco regulatorio del agua y saneamiento en el AMBA

El presidente Javier Milei firmó el DNU 493/2025, que habilita la privatización de AySA, redefine las atribuciones del Estado y de la empresa, y actualiza el régimen de tarifas, cortes de servicio y financiamiento. El Gobierno argumenta una "profunda crisis económica" y el deterioro operativo de la compañía.

En una decisión de alto impacto para millones de usuarios, el Gobierno nacional aprobó el DNU 493/2025, una reforma integral del marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que brinda el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El decreto habilita formalmente el proceso de privatización de AySA, modifica decenas de artículos del régimen vigente y redefine el rol estatal en la prestación del servicio público.

La medida se fundamenta en la necesidad de "modernizar" y "sostener" la operación del sistema en un contexto de crisis económica y deterioro financiero de la empresa.

Un paso decisivo hacia la privatización de AySA

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete sienta las bases para que el Estado pueda desprenderse de su participación accionaria, avanzando hacia un esquema de gestión concesionada o privada.

Según el texto oficial, entre 2006 y 2023 el Estado transfirió a AySA más de 13.400 millones de dólares, sin lograr revertir la caída en la productividad ni contener el aumento de los costos operativos.

El Gobierno sostiene que la magnitud de esas transferencias, sumada a la crisis fiscal actual, vuelve "insostenible" la continuidad del esquema estatal.

Cambios clave del DNU 493/2025

El decreto introduce modificaciones profundas en diversos aspectos del funcionamiento de AySA y del servicio público de agua y cloacas.

1. Nuevo esquema tarifario y facultad para cortes de servicio

La empresa podrá:

  • Fijar tarifas para el servicio público y actividades complementarias según directrices del Marco Regulatorio, el ERAS y el futuro contrato de concesión.
  • Cortar el servicio por mora, una potestad que hasta ahora tenía fuertes limitaciones en el régimen estatal.

2. Autorización para usar la recaudación como garantía

AySA podrá constituir garantías con fondos provenientes del contrato de concesión para respaldar financiamientos destinados a la prestación del servicio.
Esto habilita un esquema financiero más cercano al de las empresas privadas.

3. Nuevo "Plan Director de Mejora Estratégica"

La Agencia de Planificación (APLA) deberá elaborar un plan de inversiones y mejoras, revisado cada cinco años.
El documento funcionará como una guía, pero no será vinculante para la concesionaria.

4. Resolución de controversias mediante arbitraje

El DNU incorpora mecanismos de arbitraje -nacionales e internacionales- para resolver conflictos entre el Estado y la empresa concesionaria.

5. Mayor flexibilidad en convenios y contratos

AySA podrá suscribir acuerdos con entidades públicas y privadas, del país y del exterior, para financiar o ejecutar obras y servicios.

Un cambio estructural en un servicio esencial del AMBA

La reforma del marco regulatorio de AySA marca uno de los movimientos más significativos en política de servicios públicos desde la década del 90.
El Gobierno busca una empresa más eficiente, con financiamiento externo y un esquema tarifario alineado al mercado; mientras que sectores políticos y gremiales plantean interrogantes sobre el impacto en los usuarios y la infraestructura.

El proceso de privatización se iniciará una vez que el Ejecutivo defina el mecanismo de concesión, la valuación de activos y el alcance de la participación privada.

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