El Gobierno pone en marcha los Seguros de Cese Laboral: un esquema voluntario que busca reemplazar las indemnizaciones por despido

A través de la Resolución 347/2024, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, el gobierno de Javier Milei reglamentó este mecanismo, que ya cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la cual había aprobado previamente los Fondos Comunes y Fideicomisos de Cese Laboral como instrumentos financieros para canalizar los aportes de trabajadores y empleadores.

¿Cómo funcionarán los Seguros de Cese Laboral?

Según explicó AVIRA (Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro), el empleador podrá realizar aportes periódicos a una cuenta individual a nombre de cada empleado, constituida en una aseguradora de vida o retiro. En caso de despido, ese fondo se utilizará como indemnización. Además, el trabajador podrá sumar aportes voluntarios a otra cuenta con disponibilidad libre.

Los fondos estarán protegidos: mientras que la cuenta individual es de libre acceso para el trabajador, los montos en la cuenta especial solo podrán retirarse en caso de desvinculación laboral, según lo estipulado en la póliza y el convenio colectivo correspondiente. El capital será invertido por las aseguradoras en carteras habilitadas para generar rentabilidad, y se contemplan coberturas adicionales, como seguros de vida.

Sectores interesados y condiciones de adhesión

Por ahora, el esquema tendría mayor interés en sectores con alta rotación laboral, como los servicios de vigilancia privada, gastronomía y actividades rurales vinculadas a la Sociedad Rural Argentina (SRA). En estos rubros, la rotación facilita la implementación del modelo, a diferencia de las industrias que requieren mano de obra calificada, donde las empresas tienden a retener personal capacitado.

Desde el Gobierno aseguran que esta medida busca modernizar las relaciones laborales, promover la formalización del empleo y fortalecer el mercado asegurador como canal de ahorro e inversión productiva. Sin embargo, su adopción no será obligatoria y requerirá el consenso entre gremios y empleadores en cada actividad.