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Denuncian que peligra la fuente de trabajo de los arquitectos en Zona Norte

Así lo denunció el Distrito V del Colegio de Arquitectos. Advierten que el Consejo Superior de la Provincia lanzó una resolución que “condiciona” el trabajo y “genera mayores costos”. Presentarán acciones judiciales para rechazar la medida.
domingo, 10 de marzo de 2019 · 06:15

El Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que ejerce el contralor de la actividad profesional de Arquitecto en el ámbito de Campana, Pilar, Escobar, San Antonio de Areco, Zárate, Baradero, Exaltación de la Cruz, Mercedes, Bragado, Chivilcoy, Luján, Lobos, Las Heras y 25 de Mayo, representando la misma y defendiendo los intereses profesionales de los Colegiados, denunció el peligro por la pérdida de fuentes de trabajo.

Desde el organismo salieron a rechazar la Resolución N° 07/19 dictada el 13 de febrero de 2019 por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos que le impone al arquitecto que se desempeña en relación de dependencia o mediando contrato de servicio con cualquier tipo de conjuntos inmobiliarios, la presentación de informes por cada verificación que realiza a los fines de la adecuación de los proyectos a los contratos o reglamentos existententes.

Asimismo, la normativa indica que el arquitecto “deberá presentar dicho informe al visado colegial y, consecuentemente, erogar aportes y tasas de visado (C.E.P.), estableciendo en esos casos una doble imposición”.
                                                    
Desde el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia consideran que tal resolución “pretende modificar de manera ilegal el artículo 5 del Decreto 6964/65”. En ese sentido, sostienen que “condiciona drásticamente nuestro desempeño profesional” y “genera en el caso del arquitecto mayores costos de los que deben asumir otros profesionales con competencias afines y para dichas urbanizaciones una doble imposición”.

Cabe aclarar que el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el pasado 12 de febrero y con anterioridad al tratamiento y aprobación de la Resolución en cuestión, realizó una presentación formal al Consejo Superior haciendo saber la postura y fundamentos de oposición a la misma.

“Consecuentemente y en atención a la defensa del ejercicio profesional de nuestros matriculados, instaremos de ser necesario, las acciones judiciales pertinentes a los fines de dejar sin efecto la Resolución dictada”, anticiparon desde el organismo a través de un comunicado.

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