El Gobierno cerró la Oficina de Atención a Familias Vulnerables y Personas con Discapacidad de Tigre

Sin ningún aviso previo, los vecinos de Tigre se enteraron del cierre de la oficina del CAL (Centro de Atención Local) y, en adelante, tendrán que ir a sucursales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de otras localidades, para tramitar o continuar con la gestión de la Pensión por Discapacidad.

Al respecto, el intendente Julio Zamora expresó: "Lamentamos que el Gobierno haya tomado esta medida, que afecta a centenares de familias de nuestro distrito. Es una muestra más de la insensibilidad social de la administración de Cambiemos. Queda claro que las personas con discapacidad no pueden confiar en este Gobierno para mejorar su calidad de vida".

Por su parte, Malena Galmarini, referente en Políticas Sociales y de género de 1País, manifestó: "Parece que no basta con haber recortado todas las pensiones por discapacidad, ahora les cierran la oficina donde tramitaban el beneficio. Este es un Gobierno insensible, no tiene corazón. Les sacan a los que menos tienen lo poco que tienen. Miles de familias dependen de esa pequeña suma del Estado para subsistir o mejorar su calidad de vida".

Mientras que Gonzalo Castillo, director general de Políticas para Personas con Discapacidad de Tigre, indicó: "Realmente están afectando mucho a miles de vecinos que recurrían a la oficina para tramitar del beneficio y ahora van a tener que hacer un viaje más largo, incluso algunos con movilidad reducida. Es muy injusto, los vecinos se enteraron a la fuerza de que la oficina había cerrado, ni siquiera dieron aviso".

A instancias del frente 1País, el reclamo por la quita de Pensiones por Discapacidad ganó presencia en la Justicia. Hace más de un mes, Sergio Massa, Daniel Arroyo, Malena Galmarini y el Dr. Claudio Espósito, presentaron su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo, ampliación de la medida cautelar presentada en un principio por Dora Ortíz, madre de un hijo con discapacidad de 43 años. Más de 70 mil familias dependen del subsidio.

En ese momento, la iniciativa fue avalada la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) y fue finalmente aprobada por la jueza federal Viviana Piñeiro, quien -en su fallo (38976/2017) del 7 de julio- resolvió: "Hacer lugar a la medida de no innovar para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)". 

El Gobierno Nacional decidió apelar ese fallo y ante la falta de aprobación por parte de la Justicia, se vio obligado a devolver el beneficio de Ortíz, el primer caso de más de 70 mil afectados.